En Benín hay varios problemas con los derechos humanos. Las protestas fueron prohibidas, hay personas detenidas que siguen esperando un juicio y los ataques de grupos armados llevaron a que cada vez más personas tuvieran que dejar sus hogares. A esto se suma la situación de quienes no tienen acceso a algo tan básico como la alimentación, el agua, la atención médica o una vivienda.
Los problemas también alcanzan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Naciones Unidas viene advirtiendo sobre las detenciones y las condiciones en las cárceles.
Protestas prohibidas y detenciones sin juicio
La libertad de expresión y de reunión pacífica tienen restricciones.
Muchas personas tuvieron que desplazarse por una oleada de ataques mortales de grupos armados. Varias de esas personas no podían acceder a sus derechos económicos y sociales. Naciones Unidas mostró su preocupación por los detenidos que esperan su juicio por la legislación antiterrorista y por las condiciones y el trato que se les da a las personas detenidas en las cárceles. Entre enero y octubre las fuerzas armadas de Benin fueron atacadas por grupos armados como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes que está afiliado a Al Qaeda. Murieron 82 soldados.
En diciembre de 2025 hubo un golpe de Estado fallido. 50 personas quedaron detenidas y están esperando su juicio.
En marzo fueron prohibidas las manifestaciones y la dispersión violenta de protestas en varias ciudades.
Muchos tienen que dejar sus hogares
Por los ataques de grupos armados en el norte, la cantidad de personas desplazadas dentro de Benín aumentó mucho. La Organización Internacional para las Migraciones dice que en julio de 2025, la cantidad aumentó un 118% comparado con 2024. La mayoría de esas personas perdieron sus fuentes de ingresos y vivían en condiciones muy precarias. También tenían un acceso limitado a los derechos económicos y sociales, como el derecho a la alimentación, el agua, la salud y la vivienda.
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares dijo en sus observaciones finales que hubo avances en las medidas para proteger los derechos de las personas migrantes, pero todavía hay dificultades. Este Comité también dijo que algunas de las disposiciones de la legislación que fue aprobada en 1986, no eran compatibles con la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes. Esto buscaba regular la situación jurídica de las personas extranjeras. Había disposiciones sobre la privación de la libertad y la expulsión de personas que se encontraban en “situación irregular”.
Durante este examen, el gobierno reconoció que le resultaba difícil dar servicios esenciales a personas refugiadas y solicitantes de asilo en Benín. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que más o menos 30.500 personas están en esa situación, de las cuales el 70% son mujeres.
Malas condiciones en las cárceles
El relator especial de Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo dijo que cientos de personas que habían sido detenidas como sospechosas de delitos de terrorismo, pero muchas no tenían pruebas en su contra. El relator también mostró su preocupación porque las condiciones de saneamiento y el acceso a la atención médica eran muy malas.
La Agencia Nacional de Tierras y Patrimonio del Estado pidió públicamente que las personas que seguían esperando una indemnización después de ser desalojados forzosamente se identificaran para darle seguimiento a sus casos.
Benín muestra que los problemas de derechos humanos no pasan solamente por las restricciones a las protestas o las detenciones. También tiene que ver con las personas que pierden sus casas, sus trabajos y sus posibilidades de acceder a servicios básicos.
Hay personas que tuvieron que desplazarse por los ataques, otras que llegaron al país buscando protección y otras que siguen detenidas sin una resolución judicial. Ninguno de ellos recibe la atención necesaria.
Las malas condiciones en las cárceles y los reclamos de personas que todavía esperan una indemnización después de haber sido desalojadas son otras cuestiones que se suman.
Teniendo en cuenta esto, garantizar los derechos humanos es mucho más que tener leyes que los reconozcan. También significa que las personas puedan acceder a la justicia, recibir atención médica, tener un lugar donde vivir y reclamar sin miedo. Son cosas básicas, pero que todavía representan un problema para muchas personas en Benín.