Las protestas de Mujer, Vida, Libertad empezaron en Irán en 2022 y rápidamente se extendieron por distintas partes del país. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata y dejó un saldo de muertes, detenciones, torturas, desapariciones y violencia sexual. Un informe de Amnistía Internacional reconstruye lo que pasó durante esos meses y muestra cómo los abusos fueron mucho más allá de algunos hechos aislados.
Lo que pasó durante las protestas
En el informe “Arquitectos de atrocidades: Cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida y Libertad de 2022 en Irán”, Amnistía Internacional reconstruye lo ocurrido entre septiembre y diciembre de 2022. Durante estos meses, cientos de manifestantes y personas que simplemente se encontraban en el lugar, incluidos niños y niñas, murieron. Pero las muertes fueron solo una parte de lo que ocurrió: también hubo miles de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, violencia sexual y persecución contra familiares de las víctimas. Para Amnistía, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y forman parte de una política estatal. Las fuerzas responsables fueron la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica y la FARAJA. El informe señala a 87 altos cargos que deberían ser investigados penalmente.
La situación tampoco terminó ahí. En enero de 2026 se registraron nuevas masacres y, al mismo tiempo, comenzó una ofensiva militar de Estados Unidos. Amnistía advierte que la población civil sigue en una situación de riesgo y reclama la intervención de mecanismos de justicia internacional.
Para llegar a estas conclusiones, Amnistía entrevistó a 270 personas dentro y fuera de Irán, revisó 456 videos y se analizó documentos oficiales filtrados, registros forenses y pronunciamientos judiciales. Con todo ese material, la organización reunió pruebas sobre la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, entre ellos, 56 niños y niñas.
¿Cómo fue la represión en Irán?
Las fuerzas de seguridad dispararon no solo contra quienes participaban de las protestas, sino también contra personas que intentaban escapar y en zonas militarizadas. Utilizaron fusiles de asalto, escopetas con perdigones de metal y armas pesadas. Para Amnistía, hay varios elementos que permiten ver que no se trató de hechos aislados. Hubo recursos públicos destinados a la represión, reuniones para organizar las operaciones y órdenes escritas que después fueron filtradas. También hubo respaldo del poder judicial y distintos intentos de ocultar las pruebas. Todo esto, según la organización, apunta a una política estatal organizada desde los niveles más altos.
La responsabilidad estatal ante la represión
La represión estatal empezó el 19 de septiembre de 2022 en Kurdistán y en pocos días llegó a otras partes del país. El 21 de septiembre, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emitió una orden de “respuesta firme” frente a las protestas. A partir de ahí, las fuerzas estatales utilizaron el “Comité Especial de Investigación”, que redujo la cifra de víctimas a 202. La mayoría de las muertes fueron atribuidas a “terroristas o alborotadores”. También afirmaron, sin presentar pruebas, que algunos manifestantes estaban armados o habían atacado comisarías.
Hubo disparos de perdigones a corta distancia, golpizas y uso abusivo de armas de letalidad reducida. Las personas detenidas también contaron que habían sufrido palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, largos periodos de aislamiento y tortura psicológica. En algunos casos, hubo amenazas contra familiares y humillaciones utilizadas para castigar u obtener confesiones.
Entre los abusos documentados también aparecen 16 casos de violación en los que agentes de seguridad sometieron a las víctimas a penetración forzada utilizando sus cuerpos u objetos.
Y muchas veces, las familias ni siquiera sabían dónde estaban sus seres queridos. Algunas fueron llevadas a centros oficiales y otras fueron llevadas a “casas seguras” no oficiales. Al quedar fuera de cualquier protección legal, esta situación también tuvo un fuerte impacto psicológico en sus familias.
No todas las personas fueron perseguidas por las mismas razones. Los manifestantes fueron perseguidos por motivos políticos debido a su oposición al régimen. En el caso de mujeres y niñas, también influyeron cuestiones de género y religión, especialmente por desafiar la obligación de usar el velo. Kurdos y baluchis fueron perseguidos por motivos políticos y étnicos. Las familias de las víctimas también fueron blanco de la represión. Sufrieron amenazas, vigilancia, e interrupciones de funerales, entre otras medidas destinadas a frenar sus reclamos de justicia.
Lo ocurrido durante las protestas de Mujer, Vida, Libertad no terminó cuando las protestas dejaron las calles. Según Amnistía, la represión involucró a distintos niveles del aparato estatal y hubo intentos de ocultar lo que pasó. La organización identificó a 87 altos cargos que deberían ser investigados por su posible responsabilidad en los crímenes documentados.
Cuatro años después, muchas familias siguen esperando respuestas. El informe vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de investigar lo ocurrido y de encontrar mecanismos que permitan llevar ante la justicia a quienes los responsables. Buscar justicia y evitar la impunidad también es una forma de evitar que algo así vuelva a repetirse.