Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos y Singapur encabezaron el incremento de ejecuciones mientras organismos de derechos humanos advirtieron sobre el uso de la pena capital para infundir miedo y silenciar la disidencia.
El informe de Amnistía Internacional llamado «Condenas a muerte y ejecuciones 2025″ dio cuenta que las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en 17 países.
Según la organización de derechos humanos, el aumento documentado en este texto se debió a “unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo”. Entre los países que lideran el estudio está Irán, uno de los principales impulsores de este incremento, que ejecutó a 2.159 personas, más del doble que en 2024.
Sumado a Irán, Arabia Saudita elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. Por otro lado, en Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), en Estados Unidos (de 25 a 47) y en Singapur (de nueve a 17).
Amnistía advierte que las ejecuciones aumentaron un 78% en comparación con los datos relevados en 2024, cuando se registraron 1.518. Sin embargo, la organización sostiene que el informe de 2025 no incluye ejecuciones que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.
Sobre los datos del documento, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, manifestó que el “alarmante aumento del uso de la pena de muerte responde a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar adelante ejecuciones a cualquier costo, pese a la tendencia global sostenida hacia la abolición. Desde China, Irán y Corea del Norte, pasando por Arabia Saudita y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta minoría vergonzosa está utilizando la pena de muerte como una herramienta para infundir miedo, sofocar la disidencia y demostrar el poder que las instituciones estatales ejercen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”.
Por otro lado, los números publicados por Amnistía indican que el recrudecimiento de enfoques punitivos como el de “la guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte y que eso se reflejó en varios países en los que casi la mitad de las ejecuciones registradas fueron por delitos relacionados con las drogas: en China (+), Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15).
Otro de los elementos destacados en el informe son medidas como las de Burkina Faso que aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”. O como el gobierno de Chad que estableció una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Amnistía Internacional las describe como iniciativas preocupantes que buscan ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital bajo discursos de seguridad pública y control estatal.
¿Qué países avanzaron más hacia la abolición total?
A pesar de que el 2025 registró un número récord de ejecuciones, Amnistía destaca varias conclusiones optimistas que reflejan una tendencia global hacia la abolición y el aislamiento de los países que aún aplican la pena capital.
Tres casos son mencionados en el informe sobre África subsahariana. El primero es Gambia, que realizó un progreso legislativo fundamental al aprobar las leyes de Infracciones Penales y de Procedimiento Penal de 2025, que eliminaron la pena capital para los delitos de asesinato, traición y otros delitos contra el Estado.
El segundo es Nigeria que tramitó un histórico proyecto de ley de abolición que llegó a superar la segunda lectura en la Cámara de Representantes, mientras que el gobierno de Liberia presentó ante su Consejo de Ministros una propuesta de reforma legal para alcanzar la abolición total.
En cuanto a Asia, Vietnam llevó a cabo una reforma significativa del Código Penal que redujo de 18 a 10 el número de delitos castigados con la muerte, aboliéndola para ocho categorías entre las que destacan el transporte de drogas, el soborno y la malversación.
A nivel judicial y ejecutivo, el Tribunal Constitucional de Kirguistán emitió un fallo histórico que declaró inconstitucional cualquier intento de restablecer la pena de muerte, sosteniendo que tales propuestas violan el derecho a la vida y las obligaciones internacionales del país.
En el caso de Zimbabue, tras la abolición para delitos ordinarios el año anterior, se completó un proceso de nueva determinación de penas que resultó en la conmutación de todas las condenas a muerte existentes por sanciones alternativas.
En esta línea, Callamard sostuvo que, con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, seguir luchando cada año contra la pena de muerte es una demostración potente de una humanidad compartida y añadió: “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos.”