Expertos de la ONU y organizaciones humanitarias cuestionan las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump contra niños y familias solicitantes de asilo.
Desde febrero de 2025, la administración de Donald Trump ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que detengan trabajos que anteriormente estaban financiados por contratos federales. Organismos internacionales denunciaron que la medida generó caos, ya que afectó al Programa para Niños No Acompañados, que brindaba representación legal a más de 26.000 niños y niñas en procedimientos de inmigración en Estados Unidos.
A principios de 2026, tres expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron preocupación por la decisión del gobierno estadounidense y señalaron que negar a la infancia su derecho a la representación legal y obligarla a transitar procedimientos migratorios complejos sin asistencia jurídica constituye una violación grave de los derechos de los niños y las niñas.
El caso de Wilfredo
Human Rights Watch publicó la historia de Wilfredo, un niño de 10 años oriundo de Venezuela que, hace unas semanas, compareció solo ante un tribunal de inmigración, obligado a luchar contra su deportación a Ecuador mientras su madre se encontraba encarcelada en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). HRW denunció que miles de niños y niñas están en proceso de expulsión y que Wilfredo no tiene abogado. “Tenía miedo porque era la primera vez que iba a un tribunal”, expresó.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició el 25 de marzo pasado un proceso de deportación contra Wilfredo. El niño de 10 años y su madre tenían una solicitud de asilo pendiente y, por lo tanto, permiso para vivir en Estados Unidos mientras esperaban una resolución sobre el pedido.
Expertos de la ONU señalaron que, sin representación legal, los niños y niñas se ven obligados a afrontar solos procedimientos de inmigración complejos y con mayores posibilidades de que se ordene su deportación, algo que advierten podría resultar devastador, especialmente cuando el DHS intenta expulsar a menores a terceros países sin sus padres y donde tampoco tienen familiares o tutores.
Sobre esto, HRW afirma que Estados Unidos debería revertir la orden de febrero de 2025 para ayudar a garantizar el debido proceso para los niños migrantes no acompañados por un adulto responsable en los procedimientos de expulsión.
La advertencia de los expertos internacionales
Organismos internacionales señalan que estas políticas migratorias contradicen principios básicos de protección de los niños y las niñas establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en lo referido al interés superior de la infancia, el acceso a protección jurídica y la reunificación familiar.
Algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, denuncian que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia se observa un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo deportaciones aceleradas, expansión de las detenciones familiares y mayores restricciones al acceso al asilo.
En marzo de este año, esta organización denunció el caso de un niño de seis años con discapacidad auditiva que fue deportado junto a su familia sin poder acceder a sus audífonos durante el procedimiento migratorio. Además, advirtió que estas prácticas pueden provocar miedo, aislamiento y graves consecuencias psicológicas para la infancia.
HRW señaló que las autoridades migratorias no permitieron a los familiares esperar a que les entregaran los audífonos del niño durante el proceso de detención y deportación.
“Para los niños y las niñas con discapacidades auditivas, los audífonos no son simplemente dispositivos médicos, sino que suelen ser su principal medio para comunicarse con el mundo. Ser privado de ellos de un momento a otro puede implicar que un niño o una niña sea incapaz de escuchar la voz de su madre, entender lo que está ocurriendo, comunicarse e interactuar con otras personas y recibir información y explicaciones durante situaciones estresantes o desconocidas”, añadieron desde HRW.
Al mismo tiempo, expertos afirman que las deportaciones aceleradas pueden deteriorar el acceso a recursos jurídicos eficaces y que alejar a las personas detenidas de sus abogados inmediatamente después del arresto puede dificultar considerablemente la posibilidad de recurrir a un control judicial o de presentar recursos legales de emergencia antes de que se concrete la deportación.
Organizaciones de derechos humanos señalan que distintas investigaciones demuestran que separar a los niños y niñas con discapacidades auditivas de sus medios de comunicación puede causar confusión intensa, temor, ansiedad y una sensación profunda de aislamiento.
A esto se suma un nuevo elemento en la preocupación de las familias y de los organismos internacionales que es la capacidad de las autoridades migratorias estadounidenses para garantizar accesibilidad y ajustes adecuados para las personas con discapacidad, especialmente para los niños y niñas.
Mientras tanto, continúan las críticas de organismos internacionales y organizaciones humanitarias a la administración Trump y a su política migratoria. Las organizaciones llaman a observar de cerca las consecuencias de políticas migratorias cada vez más restrictivas sobre las familias solicitantes de asilo.