La CIDH recibe denuncias sobre el impacto de la minería ilegal en comunidades indígenas y ecosistemas clave.
La semana pasada, a través de un estudio del Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), se denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los daños a la salud y al medio ambiente provocados por el uso de mercurio en la minería ilegal en la Amazonía.
El documento presentado por el MPF ya había sido entregado en marzo a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH.
El mercurio es usado de manera frecuente en la minería ilegal debido a su capacidad para unirse rápidamente a las partículas de oro, creando una “amalgama”. Al formarse esta aleación metálica, se calienta con un soplete. Mientras aumenta la temperatura, el mercurio se evapora, lo que deja únicamente el oro extraído.
Mientras tanto, el metal vaporizado se dispersa por el aire y cae al suelo y al agua, contaminando ríos y peces, que representan la base de la dieta de las poblaciones ribereñas e indígenas en Brasil, y puede causar problemas neurológicos.
No sólo se trata de la contaminación por mercurio, sino que toda la minería ilegal causa la degradación de ecosistemas por la deforestación, la remoción de suelo y la alteración del curso de los ríos.
Por su parte, Redesca destacó la necesidad de asegurar el «derecho humano al agua en las Américas», sobre todo en la región conocida como «Meseta» o «Escudo» de las Guayanas, que incluye las áreas de Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Venezuela y Brasil.
El rol del Estado Brasileño
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) sostuvo que está trabajando de forma sostenida para restringir el uso del mercurio en las explotaciones mineras ilegales.
El IBAMA señaló que estableció criterios “más estrictos” para el acceso al mercurio importado legalmente, a través de una norma creada en 2024, además de realizar constantemente acciones de inspección ambiental para detener el uso de mercurio de contrabando en las minas de oro.
La normativa ordena la cualificación de las personas y empresas que trabajan con mercurio metálico, así como la necesidad de que porten el Documento de Operaciones con Mercurio Metálico. Este texto asegura que la importación, venta, reventa y transferencia de mercurio se desarrollen solo entre personas previamente calificadas.
A pesar de esto, el IBAMA sostiene que la norma no tiene fuerza de ley, a diferencia de los decretos presidenciales de 1989, que están vigentes y establecen la prohibición del mercurio en la minería de oro, excepto en actividades autorizadas por la agencia ambiental.
No es la primera vez
El año pasado, un informe de Greenpeace mostró que la minería ilegal de oro ha destruido 4.219 hectáreas, unos 4.000 campos de fútbol, en los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé.
Según un análisis realizado durante 2023 y 2024, la ONG ambientalista muestra que la acción gubernamental para combatir esta actividad destructiva “no está produciendo una disminución, sino un cambio en los territorios indígenas afectados”.
El informe de Greenpeace sostiene que mientras que las actividades mineras se redujeron en las tierras Yanomami, Munduruku y Kayapó (un 7 %, 57 % y 31 % menos respectivamente), el territorio Sararé experimentó un ascenso dramático, con un aumento de actividades de minería ilegal del 93 %.
Otro de los datos que aparecen en el texto de la ONG ambientalista es que en 2024, los tres principales destinos de las exportaciones brasileñas de oro fueron Canadá, Suiza y el Reino Unido. A su vez, Suiza desempeña un papel especialmente importante, ya que es el mayor centro de comercio internacional de oro y la puerta de entrada de más de la mitad de las importaciones de oro de la UE.
El estudio también señala discrepancias en los datos oficiales sobre el comercio de oro. La investigación muestra que las importaciones suizas superaron las exportaciones declaradas por Brasil en un 67 % en 2022 y en un 62 % en 2023, lo que sugiere la existencia de importantes irregularidades.
Greenpeace señaló que el expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) debilitó deliberadamente los controles medioambientales en la Amazonía. Esto desencadenó una explosión de la exploración minera durante la gestión de Bolsonaro que representó un aumento del 265 % en la extracción ilegal de oro en tierras indígenas. Desde 2023, el actual Gobierno de Lula da Silva ha intensificado los esfuerzos de seguridad y vigilancia en áreas clave. Pero la investigación de Greenpeace muestra que la minería ilegal continúa adaptándose y extendiéndose por la selva, lo que advierte sobre la necesidad urgente de estrategias sostenidas a largo plazo.
Tanto Greenpeace como la CIDH advierten que la extracción ilegal de oro es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en Brasil y afecta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas y a otros grupos vulnerables,y que a pesar los esfuerzos del Gobierno brasileño por combatir esta actividad destructiva, el estudio revela que no ha habido una disminución de esta práctica, sino un cambio en los territorios indígenas más afectados.
Guillermo Whpei