La Justicia chilena atribuyó responsabilidad estatal por omisiones de control y fiscalización en el descarte ilegal de residuos textiles en Atacama. Reclamamos el cumplimiento efectivo del fallo y del plan de recomposición ambiental.
El desierto de Atacama se convirtió en los últimos años en uno de los símbolos más visibles de una crisis ambiental relacionada a la industria textil internacional. En la zona de Alto Hospicio, al norte de Chile, se acumulan grandes volúmenes de ropa descartada que ingresó al país como vestimenta usada o como excedente de temporadas pasadas. Parte de esa indumentaria logra reinsertarse en circuitos comerciales mientras que otra parte termina abandonada como residuo, en un fenómeno que expone el costo ambiental del circuito global de la moda de descarte.
En septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó una sentencia considerada inédita. En ella, atribuyó responsabilidad al Estado chileno por el daño ambiental derivado del basurero textil clandestino instalado en terrenos fiscales, señalando una falta por omisión vinculada a la ausencia de control, prevención y fiscalización. La resolución ordenó al Estado la elaboración de un plan integral de reparación ambiental, con medidas de recomposición a largo plazo y acciones orientadas a evitar la repetición del daño.
Sin embargo, la ejecución del fallo permanece condicionada. El Consejo de Defensa del Estado presentó recursos ante instancias superiores y solicitó revisar la sentencia por presuntos vicios formales y errores de derecho. Esta apelación mantiene abierto el proceso judicial y en los hechos, retrasa la implementación de medidas ordenadas.
El Fallo del Primer Tribunal Ambiental y la Responsabilidad estatal
La sentencia establece que el Estado debe presentar un plan de reparación desde una perspectiva integral. Entre los elementos centrales se incluyen instancias de diagnóstico ambiental, retiro de desechos, disposición final segura, restauración del paisaje y mitigación de daño ecológico. También se incorporan medidas orientadas al control de la trazabilidad de la mercadería que ingresa por los puertos del norte, con el objetivo de evitar que los residuos textiles vuelvan a terminar en basureros ilegales.
El fallo también plantea la necesidad de transparencia, monitoreo y participación ciudadana. En la práctica, el caso plantea un debate más amplio sobre gobernanza ambiental y obligaciones estatales frente a daños que se originan en cadenas económicas transnacionales. En particular, se vuelve relevante la responsabilidad pública de prevenir impactos ambientales y de garantizar mecanismos efectivos de fiscalización en territorios vulnerables.
Atacama como destino final de la moda de descarte
En el norte de Chile, la acumulación de ropa descartada no puede comprenderse sin mirar el circuito comercial global. Se trata de ropa fabricada, en muchos casos, en países como China o Bangladesh y consumida en ciudades como Berlín o Los Ángeles antes de ser desechada. Luego ingresa a América Latina bajo la categoría de ropa usada, parte se revende y parte se descarta.
Chile es el primer importador de ropa usada en América latina, desde hace aproximadamente cuatro décadas existe un comercio conocido como “feria americana”, con tiendas que se abastecen de fardos provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, adquiridos en zonas francas. La magnitud del circuito comercial y la falta de controles sobre el destino final de los residuos han sido parte del contexto que explica el fenómeno del basurero clandestino en Alto Hospicio.
El crecimiento del fast fashion incrementó la producción, el consumo y el descarte de prendas en períodos cada vez más cortos. Así lo destaca un estudio de Naciones Unidas de 2019, que afirma que la producción de ropa en el mundo se duplicó entre el 2000 y el 2014 y advierte que la industria es responsable de una proporción significativa del desperdicio total de agua a nivel mundial.
Entre los citados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se señala que la producción de un sólo jean puede requerir alrededor de 7.500 litros de agua. El mismo documento remarca que la fabricación de ropa y calzado representa un porcentaje relevante de las emisiones de gases de efecto invernadero y que, cada segundo, se quema o entierra una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura.
Nuestro reclamo y el cumplimiento efectivo de la sentencia
A través de la Fundación para la Democracia Internacional, impulsamos durante años la visibilización del problema y sostenemos que el fallo judicial debe ejecutarse de manera efectiva. En ese marco, advertimos que las montañas de ropa descartada continúan creciendo y que todavía no se implementaron acciones en la escala prevista por la sentencia.
Afirmamos que la resolución judicial es clara y que el Estado debe cumplirla, más allá de los tiempos del debate político. Durante décadas el Estado de Chile miró para otro lado, beneficiándose económicamente con el ingreso de toneladas de ropa de todo el mundo en sus puertos y luego desechándolos en el desierto, lo que produce un daño que perjudica al planeta en el que vivimos todos.
Es importante entender que las autoridades de Chile y de los gobiernos que vienen, sean del partido que sean, deberían acatar la resolución judicial y tener entre sus prioridades el seguimiento del plan de reparación.