El fallo reconoce la contaminación de agua y suelos por actividad minera y ordena compensaciones económicas. La decisión llega tras años de conflictos y disputas legales, incluso a nivel internacional.
Hace unas semanas, un tribunal en Tailandia declaró a la empresa Akara Resources PLC, encargada de la mina de oro Chatree, como responsable legal de los perjuicios ambientales y sanitarios detectados en las comunidades de las provincias de Phichit y Phetchabun. Se trata de la primera demanda colectiva de carácter ambiental que triunfa en el sistema judicial de ese país.
El fallo se fundamentó sobre informes médicos que demostraron la existencia de arsénico, manganeso y cianuro en los habitantes de las comunidades de la zona. A su vez, se incorporaron peritajes ambientales que confirmaron la presencia de agentes contaminantes en el agua y en los suelos agrícolas para uso comunitario.
La causa fue impulsada por cerca de 300 personas de las provincias de Phichit y Phetchabun, quienes sostuvieron que la actividad extractiva prolongada generó una contaminación que afectó sus medios de subsistencia y su integridad física. “Vivimos con miedo por nuestra salud durante años”, señalaron los habitantes, en referencia a la contaminación denunciada desde hace más de una década.
El proceso se originó cuando una serie de conflictos llevaron al gobierno de Tailandia a suspender las faenas mineras en 2016. Esta decisión derivó en un arbitraje internacional iniciado por la empresa matriz de la operadora, con el argumento de una revocación ilícita de los permisos de exploración.
El procedimiento de arbitraje terminó cuando la compañía retiró sus reclamaciones contra el Estado, permitiendo que la acción civil de los aldeanos continuara de forma independiente en las cortes nacionales.
Este caso fue llevado por la organización Manushya Foundation ante las Naciones Unidas, con la voluntad de que llegara a instancias internacionales, exponiendo presuntas vulneraciones a los derechos humanos derivadas de la explotación minera.
Luego del fallo, la empresa Akara Resources señaló que respeta la decisión judicial, aunque evitó profundizar en sus implicancias y anticipó que evaluará los próximos pasos junto a su equipo legal. La compañía hizo referencia a la existencia de complejidades en el caso, sin confirmar si avanzará con una apelación. Esta postura se inscribe en una estrategia más amplia, ya que durante el proceso la empresa había cuestionado los vínculos entre su actividad y los niveles de contaminación detectados en las comunidades afectadas, argumentos que finalmente fueron desestimados por el tribunal.
Organizaciones ambientales destacan que la decisión del tribunal sienta un precedente para futuros casos climáticos en Tailandia y al mismo tiempo establece un punto de referencia para el derecho ambiental en el sudeste asiático.
Por su parte, Jameela Joy Reyes del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, con sede en Londres sostuvo que el veredicto representa un “llamado de atención para muchos de los casos que se están llevando a cabo actualmente en otras naciones del sudeste asiático, como Filipinas e Indonesia”.
La ONU llama a un pacto global por una minería justa
Lo ocurrido en Tailandia no es un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica global vinculada a la expansión de la minería para abastecer la transición energética. Por eso, la ONU teniendo en cuenta este escenario, lanzó prioridades para evitar que la fiebre por los minerales críticos profundice las desigualdades y los conflictos.
En primer lugar, la ONU habla de fortalecer las instituciones locales para garantizar que las comunidades, en especial las rurales e indígenas, participen en las decisiones y accedan a beneficios concretos. En esta línea, distintos antecedentes muestran que, sin estos mecanismos, la expansión minera puede reproducir esquemas de explotación laboral y deterioro ambiental, como ocurrió en regiones como el Congo o la Amazonía.
Otro eje apunta a la trazabilidad de los recursos, con propuestas para desarrollar sistemas que permitan identificar el origen de los minerales y evitar que su comercialización financie conflictos armados. En esta línea, se encuentran iniciativas como el Proceso de Kimberley, orientado a certificar diamantes libres de conflicto, junto con la necesidad de ampliar estos mecanismos a otros recursos estratégicos y promover el diálogo entre países productores y consumidores.
En este marco, la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, advirtió que “no se puede permitir que la transición energética repita los errores de la era del petróleo, donde la riqueza de unos pocos dejó miseria y conflicto a su paso» y llamó a una acción coordinada para evitar que los minerales críticos profundicen desigualdades existentes.
De cara a 2027, la ONU prevé realizar una cumbre internacional orientada a establecer estándares sobre minería responsable, mientras el Consejo de Seguridad analiza medidas para limitar el vínculo entre recursos naturales y conflictos, incluyendo posibles sanciones a actores involucrados en circuitos ilícitos. Un desafío para el mundo actual.