Un grupo de juristas internacionales aseguró que existen bases razonables para investigar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes en cárceles durante la política de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
La última semana un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción propuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas.
El documento presentado en el 195° periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala, afirma que existen fundamentos razonables para considerar que en el marco del régimen vigente desde marzo de 2022, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad entre los que se incluyen encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) advierte que durante ese estado de excepción se reportaron 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles, incluidos cuatro niños, hasta agosto de ese mismo año.
A su vez, el GIPES asegura que hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado salvadoreño sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”.
Por su parte, el gobierno de Bukele ha negado antes las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la emergencia para combatir a las pandillas. En esta línea, el vicepresidente Felix Ulloa manifestó que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción.
En el informe del GIPES se analizaron actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos. Mientras tanto, el gobierno destaca que existe un descenso histórico en los números de homicidios en el país, que en algún momento fue considerado uno de los “más violentos del mundo”.
El grupo de expertos pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas en El Salvador.
Al mismo tiempo, el GIPES indicó a las autoridades salvadoreñas establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas, cuyo fin sea el de atender la crisis carcelaria, poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas penales que consideran violan el derecho internacional.
Por otra parte, Nayib Bukele, respondió a esta presentación del GIPES que lo acusa de tener presos políticos y de cometer crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las pandillas. En su cuenta de X escribió que es “divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de (George) Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada».
El gobierno salvadoreño desarrolla una ofensiva bajo un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que en casi cuatro años llevó a prisión a unas 90.000 personas, de las cuales 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas.
El llamado “modelo salvadoreño”
La ONG Cristosal ha denunciado que la estrategia de seguridad del gobierno es el de un “estado de excepción permanente” que restringe derechos y concentra el poder. Denuncian que si bien el gobierno ha celebrado resultados, esta fórmula es utilizada para justificar atrocidades que más tarde producen desastres sociales y daños humanos que tardan generaciones en repararse.
Desde Cristosal sostienen que el costo lo pagan miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber si sus parientes detenidos continúan con vida, o también aquellos que recibieron a sus seres queridos en ataúdes sellados, con señales de abuso físico, desnutrición y falta de atención médica.
La ONG dice que desde la llegada al poder en junio de 2019, Nayib Bukele emprendió una batalla sin tregua para quedarse con el poder absoluto. En 2021, luego de ganar la mayoría calificada en el Congreso, su primera acción fue destituir al entonces fiscal general que investigaba corrupción en su gobierno y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un año después, sustituyó a otros cinco magistrados de forma irregular, haciéndose con el control total del órgano judicial e iniciando una purga masiva de jueces. Esto generó fuertes cuestionamientos de organizaciones internacionales y especialistas en el derecho constitucional.
Tanto el GIPES como la ONG Cristosal sostienen que no se trata de hechos aislados los del régimen de excepción del gobierno salvadoreño, sino que se trata de una estrategia sostenida de represión política que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar la crítica y neutralizar el pluralismo en El Salvador.