En un contexto global de crisis y conflictos, la ONU insistió en reforzar derechos y evitar retrocesos en autonomía corporal y participación económica.
Este 8 de marzo de 2026, en un nuevo Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas llamaron a los “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas” con el objetivo de acelerar la igualdad en un escenario global atravesado por múltiples crisis y conflictos armados.
Este año, la ONU Mujeres destaca la necesidad de fortalecer los derechos, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento, a su vez que advirtió que al ritmo actual, podrían pasar décadas antes de cerrar brechas estructurales en participación política, acceso a empleo y autonomía económica de las mujeres.
Desde la ONU Mujeres afirmaron que uno de los desafíos centrales sigue siendo garantizar la autonomía corporal y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En sus informes más recientes, el organismo sostuvo que los retrocesos normativos en esta materia constituyen señales de alerta sobre el debilitamiento de compromisos internacionales asumidos por los Estados en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A su vez, señala que los derechos reproductivos están directamente vinculados con la educación, la participación económica y la reducción de la pobreza.
Las Naciones Unidas insistieron en que la igualdad de género debe analizarse como parte del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5. No se trata de una lucha aislada, sino que está atravesada por las crisis humanitarias actuales, que además, afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, exponiéndolas a mayores riesgos de violencia, exclusión laboral y precariedad sanitaria. En ese sentido, el llamado institucional apunta a que los Estados refuercen marcos legales y presupuestarios que protejan derechos en lugar de restringirlos.
En este contexto global de tensiones y debates sobre el alcance de los derechos, la discusión reabierta en la Unión Europea sobre el aborto adquiere una dimensión simbólica en la antesala del 8 de marzo. No se trata únicamente de una cuestión sanitaria, sino de una señal política sobre la vigencia de la igualdad de género como principio rector en las democracias contemporáneas. La posición que adopten las instituciones europeas dialoga directamente con el llamado de la ONU a evitar retrocesos y consolidar garantías efectivas para mujeres y niñas en todo el mundo.
La respuesta de Bruselas a la propuesta de “Mi voz, mi decisión”
La Organización Mundial de la Salud publicó en 2022 un documento donde afirma que el aborto es una intervención sanitaria esencial y que las barreras legales innecesarias no mejoran resultados sino que incrementan riesgos. En esta línea, la ONU plantea que la discusión sobre el aborto no es solo moral o política, sino una cuestión de derechos humanos y salud pública.
Este 26 de febrero, la Comisión Europea le respondió a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) “Mi voz, mi decisión: Para un aborto seguro y accesible”. En esta comunicación rechazó la propuesta inicial de esta ICE, donde pedían la creación de un nuevo fondo dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) dedicado exclusivamente a este fin. Lo que supone que los países que quieran asistir a las mujeres de territorios europeos donde no pueden abortar, como Polonia o Malta, podrán hacer uso de este fondo para esto.
Esta ICE fue promovida por el movimiento “Mi voz, mi decisión”, que reunió a feministas de ocho países para llevar la propuesta a la Comisión Europea. Para que la propuesta sea aceptada, debe tener el aval de un millón de firmas que para esta iniciativa comenzó en abril del 2024 para ser examinada el 1 de septiembre de 2025. “Mi voz, mi decisión” pedía a la Comisión que diera apoyo financiero a los Estados miembros que podrían llevar a cabo la interrupción segura de los embarazos, para cualquier persona en Europa que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal.
En Europa la ICE es una herramienta para que la ciudadanía tenga capacidad de incidir en la agenda de la UE. Fue lanzada en abril de 2012. Una vez registrada, una ICE permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE invitar a la Comisión a proponer acciones legales en los ámbitos en los que tiene competencia. Una vez presentada una iniciativa, la Comisión dispone de seis meses para emitir una respuesta formal.
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 483.000 abortos inseguros tienen lugar en Europa cada año. Se trata de una cuestión de salud pública, ya que puede conducir a diversas formas de daño físico y estrés mental severo y, por lo tanto, pone en riesgo la vida de las mujeres. La UE puede apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la salud pública, respetando al mismo tiempo la responsabilidad de los Estados miembros en la definición de su política sanitaria, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.
En 2026, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer enfatiza la necesidad de eliminar obstáculos estructurales que limitan la igualdad y la justicia, incluidos aquellos que restringen la autonomía sexual y reproductiva.