El proceso contra el expresidente filipino podría convertirse en uno de los casos recientes más relevantes del tribunal internacional en materia de rendición de cuentas por las violaciones masivas de derechos humanos durante su gestión.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte gobernó entre 2016 y 2022. En su mandato, su gestión se construyó sobre la base de una “guerra contra las drogas” que dejó miles de muertos. Por ese motivo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en marzo de 2025 por presuntos crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinato, tortura y otros delitos cometidos tanto en su etapa como presidente como en la previa como alcalde de Davao.
Desde la ONU alabaron al Gobierno de Filipinas por cooperar con la CPI para ejecutar la orden internacional emitida contra el expresidente. El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, destacó que es de suma importancia que el proceso judicial siga su curso, como así también la protección de las víctimas y testigos en Filipinas para que no existan represalias ni venganza de cualquier clase contra estas personas.
Después de su arresto, Duterte sostuvo que estaba preparado para enfrentar el proceso y asumir la responsabilidad por sus acciones, aunque sin admitir delitos. En un video, antes de comparecer ante la CPI, manifestó que sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, él iba a estar al frente de las fuerzas del orden filipinas y asumir la responsabilidad por todo.
Por otro lado, pidió a sus seguidores que dejen las cuestiones legales en manos de sus abogados y no la politicen. A pesar de esto, la defensa de Duterte cuestiona la competencia de la CPI para juzgarlo, argumentando que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019 y que, por lo tanto, la Corte internacional no debería estar juzgando su caso.
Rodrigo Duterte fue trasladado el 12 de marzo a La Haya, donde fue puesto bajo custodia de la CPI para enfrentar el proceso judicial por presuntos crímenes contra la humanidad.
Confirmación de cargo y próximos pasos
Según lo publicado por la CPI, la audiencia de confirmación de cargos está programada para la última semana de febrero de 2026. Si bien no se trata del juicio en sí mismo, los jueces decidirán si hay suficientes pruebas contra el exmandatario para que el caso avance a un juicio formal.
Sobre la audiencia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, sostuvo que la presencia de Duterte ante el tribunal es un paso significativo para que se haga justicia para las víctimas y sobrevivientes de la violenta “guerra contra las drogas” durante su gestión como presidente.
Callamard también expresó que así como Duterte tiene el derecho a un juicio conforme a reglas internacionales, el avance hacia la justicia sigue siendo fundamental para defender los derechos de las víctimas y agregó que si se confirman los cargos, “el juicio deberá proceder sin demora y se deberá proteger a los testigos frente a la intimidación”.
Desde Amnistía Internacional llamaron al gobierno filipino a que colabore con la investigación de la CPI sobre crímenes cometidos en el país. Esto incluye cumplir sin demora cualquier orden de detención indicada por la CPI.
La polémica por su renuncia a comparecer
Este 20 de febrero, una Sala de Cuestiones Preliminares aprobó la solicitud presentada por Rodrigo Duterte donde les pedía autorización para ausentarse de las audiencias que se celebrarán a partir del próximo 23 de febrero. Los jueces permitieron celebrar la audiencia sin que el acusado estuviera presente. Se trata de la renuncia expresa del propio Duterte.
En relación a ello, la Fiscalía y los abogados de las víctimas se opusieron a esa solicitud al considerar que no existía causa razonable para que Duterte no compareciera personalmente ante el tribunal. Sin embargo, la Sala consideró que la solicitud escrita, firmada por el propio Duterte, es suficiente para demostrar que comprende tanto su derecho a estar presente como las consecuencias de renunciar a él.
Mientras tanto, la decisión será aplicada a todas las sesiones de la audiencia de confirmación de cargos. Aún así, los jueces expresaron que si Duterte desea también renunciar a asistir a la audiencia anual sobre su detención el próximo 27 de febrero, deberá presentar una solicitud independiente sólo para ese trámite.
Por su parte, la CPI continúa investigando otros posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contra las drogas” y por el denominado Escuadrón de la Muerte de Davao cuando Rodrigo Duterte era alcalde, desde 2011 a 2016. En paralelo, Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones en las que se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y sus superiores. La organización ha determinado que los actos cometidos constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.