La disputa institucional ocurre mientras persisten denuncias sobre presiones políticas, criminalización de operadores de justicia y riesgos para la independencia judicial.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) sostiene que la independencia judicial en América Latina y el Caribe enfrenta desafíos que amenazan el estado de derecho y la división de poderes en los sistemas democráticos, afectando el acceso a la justicia de millones de personas en la región.
Entre los desafíos que identifica DPLF existen interferencias políticas y económicas indebidas, la opacidad en los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia, la corrupción judicial y los ataques a jueces y fiscales a cargo de casos de alto interés público, todos los cuales minan la confianza pública en la justicia y preparan el escenario para el control o, incluso, la captura de la justicia.
La DPLF advierte que si bien se han implementado reformas judiciales con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la independencia del sistema de justicia, así como combatir la corrupción, existen proyectos políticos autoritarios que han impulsado reformas antidemocráticas para reducir la capacidad de la justicia de controlar el abuso de los poderes políticos.
En esa línea, desde las Naciones Unidas expresaron preocupación por la independencia judicial en Guatemala. Tal es así que durante 2025 la organización envió relatores especiales para monitorear las amenazas contra jueces y magistrados que luchan contra la impunidad en el país.
El caso Guatemala
La situación entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y sectores del sistema judicial en Guatemala viene desde incluso desde antes de que asumiera el cargo en 2024.
Arévalo ganó las elecciones con un discurso centrado en combatir la corrupción y reformar el Estado, algo que generó resistencia en sectores del poder judicial y del Ministerio Público que han sido acusados por organizaciones civiles de proteger redes políticas tradicionales.
La principal tensión se da en el Ministerio Público de Guatemala, que es dirigido por la fiscal general Consuelo Porras. Durante y después de las elecciones, fiscales iniciaron investigaciones contra el partido del actual presidente, Movimiento Semilla, cuestionando por irregularidades en su formación. A su vez, hubo varios intentos de suspender al partido e incluso pedidos para anular los resultados electorales, lo que provocó una crisis política y fuertes protestas en el país.
Mientras tanto, Consuelo Porras es una de las figuras más cuestionadas de Guatemala, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por considerarla corrupta y antidemocrática, luego de intentar impedir la asunción de Arévalo como presidente de Guatemala.
En esa misma línea, varias organizaciones internacionales acusan a Porras de usar la fiscalía para perseguir a fiscales, jueces o activistas que investigaban redes de corrupción en el país.
Sumado a eso, hace unas semanas, policías encapuchados y fiscales allanaron centros de votación del Colegio de Abogados de Guatemala cuando se desarrollaba una votación para elegir a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. A pesar del operativo, los abogados votaron y eligieron a Astrid Lemus para integrar el máximo tribunal del país.
La fiscalía justificó los allanamientos argumentando que respondían a una denuncia realizada unos días antes, relacionada con posibles irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, organizaciones civiles, juristas y el propio presidente guatemalteco dijeron que se trató de una forma de intimidar o interferir en la elección.
Elecciones en 2026
Durante la primera mitad de este 2026, se elegirán cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para la Corte de Constitucionalidad, y se elegirá al próximo o próxima Fiscal General para liderar el Ministerio Público para el período 2026-2031.
La elección es compleja porque no las lleva adelante una sola institución, cinco organismos nombran a un titular y un suplente. El presidente, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos. Se trata de un proceso largo mediante elecciones separadas.
Organizaciones nacionales e internacionales sostienen que lo que está en juego en Guatemala es si el país contará con instituciones capaces de combatir el crimen organizado, defender los derechos humanos y proteger su Constitución u ocurrirá lo contrario.
Sobre esto, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite sostuvo que “Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las cuales personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave”.
Satterthwaite destacó que el país se encuentra en un momento clave y pidió que las designaciones judiciales previstas para 2026 se hagan sobre la base del mérito, la integridad y el respeto al Estado de derecho. Además, sostuvo que Guatemala debe garantizar que las elecciones se desarrollen sin presiones políticas ni persecución contra actores del sistema de justicia.