El avance de las bandas criminales, el colapso de servicios básicos y la falta de garantías de seguridad colocan a la isla caribeña en una emergencia prolongada que exige una respuesta internacional.
En julio de 2021 y tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la situación haitiana se deterioró. Las bandas armadas controlan cerca del 85% de Puerto Príncipe, la capital, pero también han extendido su influencia en otras regiones tomando rutas comerciales, infraestructura pública y servicios. Esto debilita la autoridad estatal y dificulta la llegada de ayuda humanitaria.
Las agencias de la ONU han documentado violencia dirigida tanto a presuntos miembros de estas bandas armadas como también a civiles, con uso de tácticas que incluyen agresiones, abusos sexuales y extorsión, agravando aún más la situación humanitaria en la isla.
Un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reportó que entre enero y noviembre del 2025 el país caribeño registró más de 8.100 asesinatos y que un número significativo fue perpetrado fuera de Puerto Príncipe, en los departamentos de Artibonite y Centro, un número mayor al del año anterior.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la violencia de los grupos armados en Haití ha provocado un desplazamiento masivo de la población en todo el país. El informe indica que más de un millón de haitianos y haitianas fueron desplazados internamente, en muchos casos de manera reiterada, debido a la escalada de violencia, la falta de servicios básicos y la inseguridad.
La nueva fuerza respaldada por la ONU
Como forma de responder ante la crisis haitiana, la ONU autorizó la llegada de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF) a la isla caribeña, se trata de una fuerza internacional cuyo mandato tendrá una duración de 12 meses.
Esta fuerza contará con unos 5.550 agentes que colaborarán con las autoridades haitianas para neutralizar a los grupos armados, evitar los desplazamientos de las familias y facilitar el acceso humanitario.
La GSF será reforzada en abril del 2026, actualmente hay alrededor de 1000 policías, la mayoría proveniente de Kenya, enfrentando la violencia armada en todo el país.
La resolución del Consejo de Seguridad, aprobada en octubre del 2025 y respaldada por Panamá y Estados Unidos, refleja que el apoyo internacional resulta urgente ante la crisis multidimensional que se ha venido desarrollando en Haití durante los últimos años.
En el último informe de la BINUH, el secretario general de la ONU advirtió que la violencia se ha intensificado y extendido geográficamente, lo que agrava la inseguridad alimentaria y la estabilidad. Destacó, además, que los acuerdos de gobernanza están a punto de expirar y los comicios atrasados siguen siendo urgentes.
Entre sus objetivos, la misión apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales del país y a la generación de condiciones que faciliten la paz y el desarrollo a largo plazo. En ese marco, se pondrá en funcionamiento una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para proporcionar apoyo logístico y operativo.
Cooperación regional y búsqueda de estabilidad
El Consejo Presidencial Transitorio fue creado en abril del 2024 con la finalidad de gestionar una transición hacia un gobierno democrático y restablecer el orden en el país, la fecha límite para un llamado a elecciones era el 7 de febrero de 2026. Sin embargo, la falta de consenso en la autoridad y disputas internas han complicado la transición y el futuro del gobierno haitiano permanece incierto.
En este sentido, Estados Unidos le advirtió al gobierno de transición que se abstenga de hacer algo diferente a lo estipulado y llame a elecciones. A través de la Embajada en Haití, afirmaron que la verdadera estabilidad llegará cuando los líderes políticos obtengan su poder con el apoyo popular y que en caso contrario estaría actuando en contra no sólo de su país sino de la región y que tomará las medidas necesarias en consecuencia.
En un esfuerzo internacional por resolver la crisis haitiana, el Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, mantuvo una reunión con el Sr. Jack Christofides, representante de la GSF, para redoblar los esfuerzos internacionales de apoyo para la estabilización de su vecino país.
El mencionado funcionario apoyó la decisión de la GSF en territorio haitiano y reafirmó el compromiso de su país de cooperar con la logística y la evacuación médica para el personal internacional desplegado en Haití.
Las Naciones Unidas insisten en que es necesario restablecer la seguridad en Haití, aunque eso por sí sólo no es suficiente. Se trata de avanzar en la gobernanza, la justicia, los servicios sociales y la educación porque cualquier mejora que no tenga en cuenta todos estos elementos, será frágil.
Así lo sostuvo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las medidas de seguridad por sí solas no bastarán para abordar los problemas estructurales del sistema de gobierno que desencadenaron la crisis de violencia de las pandillas. El consenso a nivel nacional, junto con un acompañamiento internacional sostenido, es señalado como una condición indispensable para poner fin al ciclo persistente de violencia e inestabilidad en Haití.