Cada 20 de febrero, la Asamblea General de las Naciones Unidas recuerda que el progreso de las sociedades resulta fundamental para mantener la armonía y la estabilidad a nivel mundial.
En 2007, la Asamblea General de la ONU proclamó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de subrayar que el desarrollo social y la equidad constituyen bases fundamentales para la convivencia pacífica y la estabilidad entre los Estados.
De acuerdo con el organismo internacional, garantizar un futuro sostenible implica orientar las economías hacia esquemas de bajas emisiones, articulando la protección del ambiente con criterios de equidad social. Esta perspectiva pone el foco especialmente en las comunidades más vulnerables, promoviendo su inclusión mediante políticas de empleo, reconversión laboral y sistemas de protección social sólidos. Bajo esta lógica, la reducción de la huella de carbono y los procesos de transformación productiva deben acompañarse de estrategias destinadas a disminuir la pobreza, acortar las brechas estructurales y ampliar oportunidades de desarrollo.
Desde el sistema de las Naciones Unidas remarcan, además, que no es posible consolidar el desarrollo ni la justicia social en contextos atravesados por la violencia o la vulneración de derechos. La paz, la seguridad y el respeto efectivo de las libertades fundamentales aparecen como condiciones indispensables para construir un futuro digno.
¿Qué entendemos por justicia social?
El término justicia social hace referencia a la equidad y la igualdad de oportunidades. Se trata de reducir las dificultades que atraviesan las comunidades más vulnerables y marginadas, para que estas personas logren un nivel de vida digno.
Organizaciones internacionales sostienen que la justicia social busca distribuir la riqueza de manera más equitativa con el objetivo de reducir la brecha entre ricos y pobres. En esa misma línea también se busca un mejor futuro para todas las personas de todos los países y no sólo para un grupo reducido de la sociedad.
Desde este punto de vista, la justicia social también es la lucha contra las desigualdades, económicas, educativas, de género y sociales. Implica combatir cualquier forma de exclusión. Para la ONU, el concepto de justicia social está estrechamente ligado a los derechos humanos que protegen la dignidad de todas las personas.
Los procesos para llegar a la justicia social son múltiples y, a su vez, plantean enormes desafíos. La resolución 62/10 de la ONU señala que entre los más complejos se encuentran las crisis financieras, la inseguridad, la pobreza, exclusión y desigualdad. El documento reafirma la necesidad de crear una sociedad para todos, basada en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El documento también señala que la globalización y la creciente interdependencia generan nuevas oportunidades a partir del comercio internacional, favoreciendo el crecimiento económico y la mejora en los niveles de vida a nivel mundial. Sin embargo, advierte que persisten desafíos profundos como crisis financieras severas, problemas de seguridad, exclusión y desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos, además de importantes barreras que dificultan una integración más amplia y la participación plena de las naciones en desarrollo y de aquellas economías en transición en el sistema económico global.
Justicia social como derecho
En línea con la resolución 62/10 se celebró en noviembre de 2025 en Doha, Qatar, la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. En este evento participó Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, quien defendió la idea de la justicia social como un derecho humano.
Baerbock expresó que “todos tenemos sueños”, sin embargo esa no es una realidad para todos. Insistió en que el mundo tal y como está no es justo porque millones de jóvenes en todo el mundo ven sus futuros limitados por la falta de acceso a educación, la pobreza, los conflictos políticos y sociales y la discriminación.
La presidenta de la ONU relacionó la justicia social con los derechos humanos e hizo un llamado a los gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil para romper con las barreras sistémicas que contribuyen a las desigualdades y asegurarse de poner fin a las injusticias “de una vez por todas”.
Una alianza multilateral para acelerar la Agenda 2030
En este marco surge la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa orientada a reforzar acciones destinadas a reducir brechas en esta materia. El espacio fue impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la meta de acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Programa de Trabajo Decente.
La Coalición convoca a una amplia diversidad de actores, entre ellos gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, organismos internacionales, entidades financieras, empresas de diferentes tamaños y organizaciones de la sociedad civil. La apuesta es articular esfuerzos y capacidades para avanzar de manera coordinada en el cumplimiento de metas vinculadas a la justicia social hacia 2030.
Para los organismos multilaterales, la justicia social define el modelo de sociedad al que se aspira, uno basado en la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la garantía efectiva de derechos para todas las personas sin distinción alguna.