El organismo sostuvo que el derecho internacional se está aplicando como un “menú a la carta” y llamó a resolver disputas por vías pacíficas en un contexto de tensiones globales.
Esta última semana de enero se realizó un debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que fue convocado por Somalia, país que tiene la presidencia de este ente durante este mes.
Durante su intervención ante el Consejo, el titular de la ONU, António Guterres afirmó que el estado de derecho es una piedra angular de la paz y la seguridad mundiales y pidió que las controversias se resuelvan por medios pacíficos.
En esa línea, el alto funcionario advirtió que el estado de derecho está siendo sustituido por la “ley de la selva” y llamó a las potencias mundiales a renovar su compromiso con el derecho internacional como fundamento de la paz, la justicia y el multilateralismo.
El debate en el Consejo de Seguridad se produce en un contexto en el que se multiplican los conflictos, aumentan las tensiones mundiales y se desdibuja la confianza en las instituciones internacionales. Este escenario se da también cuando las Naciones Unidas celebran el 80º aniversario de la adopción de su Carta fundacional, que establece los principios destinados a prevenir las guerras y reducir el sufrimiento.
Desde la ONU señalan que durante ocho décadas, la Carta, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos fundamentales, ha ayudado a la humanidad a evitar otra guerra mundial y a limitar el número de víctimas en numerosos conflictos.
A pesar de ello, el Secretario General de la ONU advirtió que cada vez se ignoran más los compromisos con el derecho internacional. Mencionó como ejemplos el uso ilegal de la fuerza, los ataques contra infraestructuras civiles, los abusos contra los derechos humanos y la denegación de ayuda humanitaria vital.
Guterres se refirió a los conflictos de Gaza, Ucrania y otros, donde para él, el estado de derecho se está tratando como “un menú a la carta”, en el que los Estados eligen qué normas seguir y cuáles no. Y sostuvo que tales violaciones sientan precedentes peligrosos, fomentan la impunidad y rompen la confianza entre las naciones.
Yemen y Haití reflejan el impacto de la violencia estructural
Entre los ejemplos mencionados se encuentran Haití y Yemen. Aunque se tratan de crisis distintas, ambas reflejan un deterioro institucional y humanitario que exigen una respuesta internacional sostenida.
En el norte de Yemen, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU decidió cerrar sus operaciones en una zona controlada por hutíes, debido a la creciente inseguridad y represión, así como a la falta de financiación. Una región que abarca alrededor del 70 % de las necesidades humanitarias del país, por lo que la suspensión de actividades tendrá efectos significativos sobre la ayuda humanitaria.
La ONU informó que los hutíes han intensificado restricciones, acoso y detenciones de personal humanitario e incluso, han ocupado por la fuerza instalaciones de las Naciones Unidas.
En esta línea, el responsable de operaciones humanitarias en Yemen, Ramesh Rajasingham, advirtió que más de 18 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda, y otros miles estarían en riesgo de hambruna catastrófica.
Desde Naciones Unidas denunciaron que al menos 53 trabajadores fueron detenidos arbitrariamente por los hutíes desde 2021. Estas acciones limitaron la capacidad del sistema humanitario del organismo para operar de manera eficiente en el país.
El caso de Haití no es muy diferente al de Yemen, hace años se registra una persistente violencia de grupos armados y un debilitamiento institucional que ha llevado a la comunidad internacional a ampliar su apoyo. Según estimaciones de la ONU, la nación caribeña enfrenta altos índices de asesinatos y una crisis humanitaria que requiere una respuesta coordinada y sostenida por parte de las Naciones Unidas y otros actores internacionales.
La respuesta para Haití llegó cuando el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 31 de enero de 2027, con apoyo unánime de los 15 integrantes. Dicha resolución incluye tareas clave como promover la justicia, acompañar procesos electorales, reducir la violencia de las pandillas y monitorear crímenes relacionados con la inseguridad.
El acuerdo del Consejo busca ampliar el trabajo de la misión internacional integrando aspectos de diálogo nacional, facilitación electoral y apoyo judicial. A su vez, busca contener la espiral de violencia mientras se empuja por una transición democrática estable.
Durante su intervención en el debate abierto del Consejo de Seguridad, António Guterres sostuvo que los problemas globales no se resolverán con una sola potencia tomando decisiones por los demás países. Y advirtió que tampoco se resolverán con dos potencias dividiendo el mundo en “esferas de influencia rivales”.
Para el Secretario General de Naciones Unidas, ninguna crisis puede ser enfrentada desde una sola perspectiva o poder mundial. Los ejemplos de Yemen y Haití muestran que la violencia estructural exige acción cooperativa de la comunidad internacional desde el multilateralismo y el derecho internacional.