La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre las violaciones a la libertad sindical, el debilitamiento del diálogo social y el aumento del empleo informal, factores que profundizan la desigualdad y afectan el trabajo formal en el país.
En su informe 2026, la OIT alertó sobre las reiteradas violaciones a la libertad sindical y el crecimiento del empleo informal en Panamá. Según la OIT, estos dos factores debilitan la democracia laboral y aumentan la vulnerabilidad social.
El documento de la Organización señala el retroceso del diálogo social en el país, que se vio agudizado luego del rechazo al proyecto para crear el Consejo Superior del Trabajo en 2024. Según detalla el informe, desde 2020 existe un estancamiento de comisiones tripartitas claves, una situación que provocó que las decisiones sobre política económica y laboral se tomen de manera unilateral.
Una de las observaciones de la OIT es que estas decisiones pasan por alto las experiencias y aportes de las voces sociales, quienes denuncian que son escuchados para “mantener las formas” y no para tener participación real en la legislación.
La libertad sindical bajo presión
Por otro lado, la OIT está siguiendo de cerca la aplicación del Convenio 87, que reconoce el derecho a la libertad sindical y a la organización, porque el gobierno de Panamá es apuntado por denuncias sobre criminalización y persecución al sindicalismo. Uno de los casos más relevantes de esto es el del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), sometido a una estrategia de “asfixia económica” impulsada por la Resolución Ministerial núm. DM-063-2025 que transfiere el control de las cuotas sindicales a instancias gubernamentales y, de acuerdo con la OIT, atenta contra la autonomía financiera de la organización.
Además, el informe de la Organización señala detenciones de dirigentes y represión sistemática durante las huelgas docentes de 2025, con reemplazo masivo de educadores y arrestos arbitrarios, debilitando, a su vez, el derecho a la protesta.
En esta línea, la OIT advierte que este escenario no solo daña el derecho de asociación sino que representa un grave deterioro de los fundamentos democráticos en el ámbito laboral panameño.
El deterioro del diálogo social aparece como un problema estructural ante la OIT. La respuesta del gobierno de José Raúl Mulino es que se debe a la parálisis de los espacios tripartitos a disputas sobre la representatividad sindical. Sin embargo, la Organización sostiene que el Estado “no ha impulsado acciones contundentes para restablecer estos espacios” y que la ausencia de foros operativos de interlocución laboral evita consensos efectivos y priva a las decisiones del aporte de los trabajadores y las trabajadoras.
Actualmente, Panamá mantiene restricciones legales consideradas obsoletas por la OIT, como la obligación constitucional de ser nacional para integrar juntas directivas sindicales y la prohibición de más de una asociación sindical por cada institución pública. A su vez, el retraso deliberado en los trámites de personerías jurídicas lo que configura una barrera administrativa, que debilita el derecho de organización y consolida la fragilidad sindical en la función pública panameña.
Denuncias internacionales por persecución sindical
Sin embargo, las denuncias no son solo nacionales. El pasado 1.° de febrero en el aeropuerto internacional de Panamá, el Secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Marcelo Di Stefano, fue retenido durante más de siete horas antes de ser deportado sin mediar justificación legal, administrativa o política por parte de las autoridades panameñas.
Según un comunicado de la CSA, Di Stefano tenía previsto participar entre el 2 y el 4 de febrero en un Seminario de Fortalecimiento Sindical junto a sindicatos globales y organizaciones sindicales europeas, además de actividades vinculadas a una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de una misión tripartita con representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno panameño.
Como respuesta a esto, la Organización Sindical regional sostuvo que se declaraba en estado de alerta permanente y junto al sindicalismo internacional, adoptará medidas políticas, sindicales y jurídicas que denuncien un nuevo episodio de persecución en Panamá en los foros internacionales, al mismo tiempo que buscarán defender la libertad sindical y la democracia en la región.
En esta línea, la OIT solicitó al Estado Panameño que en 2027 presente una memoria detallada de progresos y aconsejó solicitar asistencia internacional para ajustar la legislación y las políticas laborales a los estándares laborales globales del trabajo decente y la democracia sindical.
En este contexto, la OIT señala que revertir estas tendencias requerirá no solo reformas normativas sino también voluntad política sostenida para reconstruir el diálogo social. El Organismo advierte que sin mecanismos efectivos de participación y garantías reales para la libertad sindical, será difícil avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con inclusión y justicia social.